Los senadores PPD, Guido Girardi, Ximena Ordenes, Pedro Araya y Felipe Harboe, junto a Claudia Dides, directora de la ONG Miles, presentaron un requerimiento a la Contraloría solicitando que deje sin efecto los cambios al protocolo de objeción de conciencia en caso interrupción de embarazo en tres causales.
El senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, junto a los parlamentarios PPD, Ximena Ordenes, Pedro Araya, Felipe Harboe y la directora de la ONG Miles, Claudia Dides, acudieron este lunes a la Contraloría General de la República para presentar un requerimiento solicitando al contralor Jorge Bermúdez Soto que “deje sin efecto la Resolución Exenta N° 432, de 22 de marzo de 2018, del Ministerio de Salud, que aprueba “Protocolo para la manifestación de objeción de conciencia según lo dispuesto en el artículo 119 ter del Código Sanitario y deja sin efecto resolución N° 61 Exenta, de 22 de enero de 2018, publicada en el Diario Oficial N° 42.015, de 23 de marzo de 2018”.
Los argumentos contra la medida que permitiría a instituciones privadas, pese a recibir recursos del Estado, abstenerse interrumpir un embarazo en tres causales apelando a la objeción de conciencia son cuestiones de forma, “improcedencia de la exención de toma de razón de la resolución referida” y de fondo, “Ilegalidades de que adolece la resolución recurrida”.
Tras presentar el requerimiento, el senador Guido Girardi señaló que “el aborto terapéutico es un gran avance en materia de derechos humanos y lo que está en cuestión es un tema de dignidad y autonomía de la mujer, porque esta no pierde sus derechos por el hecho de estar embarazada. Chile salió de la lista negra de ser uno de los cinco países que violaba los derechos de las mujeres”.
Girardi recordó que esta Ley “fue aprobada de manera mayoritaria por el Congreso y lo que se haca ahora con los cambios en el reglamento es no reconocer los procedimientos democráticos a través de la objeción de conciencia que debería ser una situación excepcionalísima”.
El senador agregó “que la ley dice que todas las instituciones de salud deben garantizar el derecho de la mujer (de interrumpir el embarazo) en caso de violación, riesgo materno o inviabilidad fetal. Las excepciones son específicas y no puede haber una apertura para adecuar la ley y favorecer a un sector del país y que no deban cumplir las leyes como todos los chilenos”.
El parlamentario afirmó que “si hay objeción de conciencia en instituciones como la Universidad Católica, ella debe hacer cargo de derivar a la mujer y garantizar que reciba toda la atención que corresponde”.
Girardi señaló que si el requerimiento presentado no es acogido, “ya estamos trabajando en un recurso de protección y acudiremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar esta violación a los derechos humanos de los mujeres chilenas”.
NO BAYPASEAR A LA DEMOCRACIA
En tanto la senadora Ximena Ordenes afirmó que “queremos seguir avanzando en derechos sexuales y reproductivos, las mujeres tenemos derechos a decidir y eso es lo que garantizaba la ley de despenalización del aborto en tres causales, por eso estamos solicitando un pronunciamiento a la Contraloría, porque la ley es expresión de los movimientos de mujeres y no queremos más bypass a la democracia”.
Por su parte el senador Pedro Araya señaló que “la decisión política, democrática de la mayoría del Congreso fue limitar la objeción de conciencia porque es una situación excepcionalísima. El Tribunal Constitucional ya le abrió un forado al permitir la objeción institucional y con este reglamento del Minsal obviamente no se está cumpliendo la ley pues se desnaturaliza el sentido de la objeción de conciencia”.
Araya agregó que “el Congreso estableció, y el TC lo ratificó, que si la objeción de conciencia institucional es ejercida por un prestador privado no puede recibir fondos públicos. El cambio del reglamento hecho por el Minsal extiende la objeción de conciencia a un límite que no fue discutido en el Parlamento, es decir puso una verdadera retroexcavadora a los derechos sociales para las mujeres que se conquistaron en el gobierno de la Presidenta Bachelet”.
El senador Felipe Harboe señaló que “es importante haber presentado este requerimiento, pues la verdad es que hoy, por vía de decreto, se está ampliando la objeción de conciencia a las instituciones, a personas jurídicas, finalmente a empresas”.
Para Harboe “eso es tremendamente delicado porque puede generar, particularmente en las mujeres de regiones, una afectación de su derecho, porque si todas las instituciones de conciencia se declaran objetoras de conciencia en regiones, puede que no haya disponibilidad para que ejerzan su derecho, lo que atenta contra el principio de legalidad. Por eso, hemos recurrido a la Contraloría, para que declare que el nuevo protocolo no se ajusta a la ley aprobada”.
COSTOS DE LA DERIVACIÓN
Claudia Dides, directora de la ONG Miles, afirmó que “creemos que la objeción de conciencia es personal y no estamos de acuerdo que sea institucional como falló el TC, creemos que eso va en desmedro de los derechos humanos de las mujeres porque primero se debe privilegiar la atención, sobre todo en estas tres causales que son tan dramáticas”.
Dides agregó que “estamos esperando que el Minsal, tal como se comprometió la semana pasada con organizaciones de la sociedad civil, manifieste a través de un instructivo que los recintos que por objeción de conciencia institucional se nieguen a atender a las mujeres en estas tres causales deben costear todos los gastos de derivación”.