La Real Academia Española define la anarquía como “ausencia de poder público”. Aún más, define al anarquismo como “doctrina que propugna la supresión del Estado y del poder gubernativo en defensa de la libertad absoluta del individuo”.
Bajo esa premisa, no debería sorprendernos que el retiro de la estatua del General Manuel Baquedano, desde la plaza del mismo nombre (que varios se han empecinado en llamar “Plaza de la Dignidad” desde el estallido social del 18 de octubre de 2019), sería probablemente el punto cúlmine del fracaso del actual gobierno del Presidente Sebastián Piñera en términos de mantener el orden público, aún en medio de una pandemia.
¿Exageración? No, en absoluto. Hace mucho rato que el lumpen que se reúne cada viernes en torno a la Plaza Baquedano ha intentado vandalizar el monumento en cuestión, ya sea con rayados de diversa índole, prendiéndole fuego, y ahora último aplicando cortes con sierra que vaya uno a saber cómo consiguen con tanta facilidad.
Desde el momento en que el Consejo de Monumentos Nacionales determinó su remoción (temporal, por cierto), el gobierno mismo señaló que no objetaría dicha medida considerando que además de la restauración propiamente tal de la figura de Baquedano, se buscaba velar por la seguridad de las personas, las mismas que irónicamente intentaron derribarla sin asco.
Desde ese momento, aunque no lo han dicho de manera explícita, el gobierno sencillamente se rindió ante la anarquía y la delincuencia que hoy gobiernan sin contrapeso en el país.
Y como era de esperarse, no faltaron los políticos que han tratado de sacar descaradamente dividendos de este hecho, curiosamente, en medio de una campaña electoral. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, no sólo trató al fallecido militar de “delincuente”, sino que además lo acusó derechamente de genocidio. Por otro lado, la candidata presidencial del PS, Paula Narváez, señaló este sábado que “es importante plebiscitar y que la gente elija el monumento que ahí queremos y que refleje el pensamiento de muchos (sic)”. Como si eso arreglara la raíz del problema.
¿Es tan malo como lo pintan?
A propósito del mismo hecho, algunos grupos han intentado instalar la idea que el General Baquedano era casi un monigote al servicio de la clase oligárquica chilena del siglo XIX. Partamos de algunos hechos esenciales: si analizamos su carrera militar, se sorprenderían si nos damos cuenta que alcanzó el rango de subteniente a muy temprana edad, a los dieciséis años nada menos; el 23 de enero de 1845 se le concedió el grado de teniente efectivo; luego desempeñó el cargo de ayudante mayor en el Regimiento Granaderos y fue ascendido a capitán en enero de 1850.
De ahí en adelante, una serie de acontecimientos como la Revolución de 1851 (que tuvo por objetivo derrocar el primer gobierno del entonces Presidente Manuel Montt y derogar la Constitución de 1833), la Revolución de 1859 (que se produjo, curiosamente, al término del segundo gobierno de Manuel Montt), la Ocupación (o Pacificación, según quien lo mire) de La Araucanía, y por supuesto, la Guerra del Pacífico (1879-1884) marcaron al Chile de la época y desde luego tuvieron a Baquedano como protagonista activo.
En ese sentido, muy a pesar del alcalde Jadue, a Baquedano no se le podría reprochar absolutamente nada en esa materia, porque al margen de su pensamiento y algunas situaciones puntuales (como su participación en la Revolución de 1851 que, según afirman historiadores, terminó siendo “útil” para el gobierno de la época), como militar siempre estuvo sometido al poder civil, algo a lo que muchos políticos, incluido el propio Jadue, pregonan hoy en día respecto a lo que debe ser la relación entre el poder civil y las Fuerzas Armadas, pero eso es harina de otro costal.
Por otro lado, el que Baquedano estuviera al servicio de los oligarcas chilenos de la época no puede ser un hecho más alejado de la verdad. Porque más allá del eterno problema de la distribución de la riqueza (ha pasado con el salitre, pasa actualmente con el cobre y probablemente seguirá pasando en el futuro con el litio u otro tipo de recursos naturales), lo cierto es que la anexión de las regiones del Norte Grande de Chile ha traído como consecuencia que el país se beneficie de una manera u otra. Es cosa de recordar de dónde viene el “sueldo de Chile”.
La historia como pueden apreciar es lo que es, y por más que autores como Jorge Baradit tratan de borrarla con el codo a punta de best-sellers, puede tener varias interpretaciones pero los hechos son uno sólo.
¿En el nombre del pueblo?
Pero lo más preocupante no es el hecho que se pretenda reescribir la historia sobre la base de un seudo moralismo que pretende instalar la idea que todo el camino recorrido en 200 años de vida republicana sencillamente no existió, o que todo ha sido tan nefasto que todo lo que represente nuestro pasado debe ser abolido (si no me creen recuerden que en medio del estallido social se llegó a atentar contra el museo Violeta Parra).
Lo realmente preocupante es el relativismo o, peor aún, el mutismo absoluto del gobierno, que aún teniendo las herramientas para cumplir con el mandato constitucional de preservar el orden público, prefiere no hacer nada ante el temor que salga el Instituto Nacional de Derechos Humanos a prometer las penas del infierno si se le toca un sólo pelo a aquellos que ejercen “su legítimo derecho a manifestarse”.
¿Desde cuando el derecho a protesta es con herramientas de grueso calibre? ¿desde cuando el derecho a protesta valida la destrucción de la propiedad pública y privada? ¿Desde cuando la paz social ha sido relegada a un segundo plano en beneficio del derecho a protesta?
Porque seamos claros: hace muchos años que nuestra legislación está plagada de leyes pro-derechos, pero no establece obligaciones que vayan de la mano con esos derechos.
Esto es igual que una balanza: el exceso de derechos te puede conducir derecho al caos por parte de la ciudadanía, y el exceso de obligaciones te lleva al autoritarismo. Ambos extremos son nefastos para una sana convivencia que algunos llaman “democrática”.
Entonces, es definitiva es el MIEDO lo que ha llevado al gobierno a rendirse ante los grupos anarquistas que han entrado a carcomer hasta las entrañas de nuestra sociedad, a instalar la idea de construir, literalmente, un nuevo país, sin políticos, sin militares, sin gobierno, sin credo, sin orden establecido ni ataduras de ningún tipo. Y lo más grave, es que el gobierno asumió una actitud derrotista en el ámbito de la seguridad pública y no precisamente como consecuencia de una elección (a propósito del año electoral más cargado en nuestra historia reciente con al menos tres elecciones sólo en este año 2021). Es decir, asumieron una derrota antes de llegar siquiera a las urnas. No lo dicen, pero los hechos reflejan actitudes.
Cuando se gobierna con miedo, sólo se puede esperar el principio del fin. Thomas Jefferson decía que “Cuando el Gobierno teme al pueblo, hay democracia. Cuando el pueblo teme al Gobierno, hay tiranía”. Irónicamente, cuando el gobierno teme a grupos minoritarios que dicen actuar “en el nombre del pueblo”, el único perjudicado es el propio pueblo.