Chile debe reducir su dependencia de las industrias de materias primas, reforzar su inversión en I+D y controlar el exceso de burocracia para equilibrar su posición entre “el gasto social y la eficacia empresarial”, con el objetivo de evitar una crisis económica, según coincide un grupo de investigadores.
En un informe, el Instituto de Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada considera que el paquete de medidas que debería aplicar el Gobierno de Chile es “ambicioso, pero no imposible”, sobre todo, en las relacionadas con la educación, las pensiones y el sistema financiero.
El documento matiza que Chile es una de las economías “tradicionalmente fuertes” de Latinoamérica, pero que depende “de forma excesiva de las exportaciones del sector minero, especialmente del cobre”.
Según cifras de The Observatory of Economic Complexity, Chile es la 42º potencia mundial en niveles de exportación, siendo los productos derivados del cobre los que más aportan al PIB del país, con 31,5 millones de dólares.
“Debe afrontar importantes reformas que, precisamente, ayuden a seguir fomentando la creación de negocios y la inversión extranjera. No puede ceder a la violencia callejera, debe seguir siendo líder en la región”, manifestó el vicepresidente ejecutivo del Instituto de Coordenadas, Jesús Sánchez-Lambás.
La actividad comercial de Chile descendió un 9,5 % interanual en octubre, en coincidencia con el inicio del estallido social que se ha cobrado la vida de una veintena de personas, y acumula un retroceso del 2,3 % en lo que va de año, según las cifras presentadas este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El vicepresidente y director general del Instituto de Coordenadas, Valeriano Gómez, ha recordado que la OCDE ya había avisado a Chile sobre la situación de su sistema de pensiones “antes de las protestas” y le planteaba incrementar la contribución por parte de las empresas.
Gómez ha detallado que, además, sería recomendable que el país andino reforzarse su inversión en educación, en especial, en la formación profesional directa; y en corregir “la informalidad en el trabajo” que repercute en los ingresos estatales.
En su opinión, reclamar “la igualdad social o económica”, conceptos que se dan también en Europa, no se puede tachar de “populista”, por lo que “los gobernantes no deben quitar el ojo a lo que ocurre en la calle” y aplicar medidas que aporten estabilidad a todos los niveles.
El Ejecutivo de Sebastián Piñera ha anunciado un aumento del gasto público del 9,8 % para 2020, dentro de un plan de reactivación por 5.500 millones de dólares.