El fútbol femenino chileno está a punto de ver cristalizada una aspiración histórica. El proyecto de ley que obligará a los clubes a suscribir contratos con las jugadoras que integran sus plantillas está en la fase final de su tramitación. Este lunes, el Congreso aprobó la iniciativa que obliga a las Sociedades Anónimas Deportivas a establecer ese vínculo laboral con las jugadoras. Ahora, solo falta la promulgación, lo que, teóricamente, supone un avance significativo para el desarrollo de la actividad y, principalmente, en la búsqueda de la igualdad de derechos. Seis meses después de la publicación en el Diario Oficial, la normativa entrará en vigencia. Los impulsores de la ley y las jugadoras, naturalmente, celebran y le asignan un valor histórico. Sin embargo, no todos están contentos.
Las obligaciones económicas que implica el cuerpo legal obligarán a los clubes a generar los recursos para satisfacerlas. O, si no son capaces de producir nuevas fuentes de ingresos, a desviar parte de los que perciben actualmente para pagar una nueva planilla. Aunque se asume que los montos de los contratos estarán muy lejos de los que se pagan en el fútbol profesional masculino, las instituciones también empiezan a tirar líneas respecto de los montos que deberán destinar al pago de los nuevos contratos.
Las cifras no son menores. A modo de ejemplo, Santiago Morning, uno de los clubes que ya tiene contratadas a sus jugadoras, destina el 30 por ciento de sus ingresos totales al financiamiento de la rama. Solo la planilla de sueldos de la escuadra femenina bohemia implica un desembolso cercano a los 30 millones de pesos cada 30 días. Otros $ 15 millones se van en gastos operativos, como traslados, estadías y logística. En el club bohemio explican que los recursos se obtienen de lo que la televisión les paga por la transmisión del campeonato masculino. “Nosotros como club somos el club pionero que desarrolló la industria a través de los contratos profesionales. Las mujeres tienen el mismo derecho que un hombre a recibir un sueldo. No en las mismas cantidades, pero sí con sus derechos. Lo tenemos más que claro. No sé si todos los clubes van a poder hacerlo, porque para nosotros ha sido muy difícil. La federación no nos da ni un peso. Esto se ha mantenido porque al presidente Sebastián Nasur le interesa el desarrollo del fútbol femenino y por nuestros auspiciadores”, explica Paula Navarro, ex entrenadora y actual gerenta de la rama bohemia. La ANFP, en cambio, establece que invierte unos US$ 1,3 millones por temporada.
Colo-Colo es otro de los clubes que registran avances considerables. En los albos, 21 de 28 jugadoras tienen contrato de trabajo, lo que representa el 75 por ciento de la plantilla que tiene a cargo Luis Mena. Las siete jugadoras restantes son juveniles y perciben una ayuda económica del club. “Sin necesidad de la ley, nosotros cumplimos ya la segunda etapa de sus exigencias”, resaltan en Macul.
El temor
El proyecto de ley, que ayer pasó por el último trámite legislativo antes de su promulgación, lleva tres años de discusión desde que lo propusiera la diputada Erika Olivera. “Este es un proyecto que representa un hito para nuestro país y para el fútbol mundial. Han pasado más de tres años de tramitación y la mayor parte de los avances se concentraron en los últimos 4 meses. Presentamos la iniciativa en marzo del 2019 y durante este período no se avanzó prácticamente nada y prueba de ellos es el estudio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile en conjunto con Anjuff, que reveló que el 83% de las futbolistas del torneo nacional no reciben ningún tipo de remuneración”, declara la parlamentaria, en el marco del entusiasmo que genera la idea en sus promotores.
No todos han reaccionado de la misma forma. En el seno de la ANFP, los clubes han manifestado sus aprensiones, incluso con vehemencia. Sin ir más lejos, Pablo Hoffmann, presidente de O’Higgins, fue advertido con ser pasado al Tribunal de Honor de la organización, por haber reaccionado de mala forma ante una exposición de la gerenta Constanza Minoletti. Ahora, el dirigente prefiere la cautela. “Vamos a ver la ley y ahí te doy la opinión, porque tengo muchos reparos y hay que hacerlos en base a la ley. Lo tenemos que ver con los abogados”, sostiene. En la misma línea de manifiesta Luis Baquedano, gerente general de Unión Española. “No tenemos una posición hasta el minuto, pero es un tema complicado. Implica una planilla más. Lo vamos a ver”, dice. A ambos se les sindica como los principales opositores a la iniciativa.