El representante regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, envió una carta a la Cámara de Diputados en donde expresa su preocupación respecto a los proyectos de ley correspondientes a la llamada “agenda de seguridad” del Ejecutivo, en el marco de las manifestaciones surgidas tras el estallido social del pasado 18 de octubre.
A modo de crítica hacia las políticas que pretende implementar el Gobierno, el personero señala que “la respuesta a los movimientos sociales debe enfocarse principalmente en el diálogo”. En ese sentido, añade que “la utilización del derecho penal y estatutos penales excepcionales deben ser siempre la ultima ratio”.
Siempre en relación a la situación que ocurre en el país, Jarab reconoce que “los robos, daños, incendios y saqueos son conductas ilegales y punibles conforme a la legislación nacional vigente”. Sin embargo, recalca también que “lo que ha dificultado la persecución penal de los perpetradores no es la falta de tipos penales, de penas más altas o de agravantes de responsabilidad penal, sino la ineficacia de la policía de identificar y perseguir a estos autores de hechos ilícitos”.
En cuanto al proyecto “antisaqueos y antibarricadas”, el representante de la ONU sostiene que “el derecho a la reunión pacífica no debe de estar regulado por un régimen de autorización (…) la mera perturbación o interrupción temporal de la circulación de vehículos o peatones no equivale a un acto de violencia”.
En el marco de esta temática, Jarab vuelve a responsabilizar a Carabineros y a la PDI señalando que “la solución del problema de elementos violentos en manifestaciones pacíficas se debe de buscar en la mejora de la capacidad de los policías de identificar y apartar los elementos violentos (y no en la criminalización de otras conductas)”