Se acaba un gobierno y un estilo de gestión y se viene otro distinto, con sus correspondientes políticas, gestiones y modos, aunque un aspecto sensible de estos cambios son las personas que se quedan y que se van.
Ante este nuevo escenario, ya se avisora un nuevo conflicto entre quienes son competentes y quienes no lo son dentro del aparato publico. Al menos la próxima coalición de gobierno ya ha reclamado por procedimientos que consideran irregulares y perjudiciales para sus intereses en la incorporación de funcionarios estatales durante estos descuentos de la actual administración nacional y los primeros en reclamar por estas situaciones fueron 3 parlamentarios de la UDI que hoy martes concurrieron a la Contraloria General de la Republica para exigir que se actúe ante estas incorporaciones que en especial, han ocurrido en el Gobierno regional de O’Higgins y en el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)
Esta mañana, el senador Alejandro Garcia Huidobro y los diputados Javier Macaya e Issa Kort llegaron hasta las dependencias nacionales de la Contraloria General de la República para conversar con la autoridad subrogante de esa institución supervisora de las acciones del Estado sobre las contrataciones realizadas en las instancias publicas señaladas, reclamando irregularidades en los concursos públicos donde se seleccionaron a aquellos funcionarios que fueron beneficiados, donde en sus contratos se elimino la clausula de tiempo en que pueden permanecer, no aplicándose por consecuencia, un despido antes de una fecha señalada.
Según los antecedentes presentados, aquellos funcionarios pueden subir sus sueldos en perjuicio de los funcionarios de planta, situación mencionada en reglamentos y resoluciones anteriores: “Como se puede advertir, Señor Contralor General, la autoridad administrativa ha infringido claramente el principio de probidad administrativa y ha actuado privilegiando su interés personal (o partidista) y no el interés general (…) La infracción a las conductas exigibles prescritas en este titulo hará incurrir en responsabilidad y traerá consigo las sanciones que determine la ley, la responsabilidad administrativa se hará efectiva con sujeción a las normas estatutarias que rijan al órgano u organismo en que se produjo la infracción”, menciono asi parte del libelo de denuncia que fue entregado a la contralora subrogante en esta reunión que duro mas de 30 minutos.
En sus explicaciones mas profundas sobre este tema, el senador UDI Alejandro Garcia Huidobro reclamo que las autoridades regionales no están cumpliendo con las condiciones para que sus funcionarios dejen sus cargos a pesar de las resoluciones y peticiones venidos desde el gobierno para entregar sus renuncias voluntariamente antes del 11 de marzo: “Nos hemos reunido con la contralora subrogante, solicitándole una investigación con respecto a los contratos tanto a honorarios como a contrata respecto al gobierno regional y también de INDAP, Nosotros estamos tremendamente preocupados del apernamiento que existe hoy día por parte de operadores políticos que permanentemente han estado desoyendo las instrucciones que entrego el propio subsecretario en cuanto a que tienen que hacer dejación de sus cargos y presentar las renuncias como corresponde, Diferentemente a esto lo que esta ocurriendo en otras partes del país y en nuestra región específicamente, es que se esta haciendo todo tipo de maniobras con el fin de dejar permanentemente a estas personas trabajando ya que estas personas posiblemente no tendrían posibilidad de trabajo en otro lugar, Nosotros estamos denunciando esto”.
Por su parte el diputado Javier Macaya señalo que los funcionarios de planta no deben temer por estas denuncias ya que sencillamente con esta denuncia se esta poniendo en relieve las discriminaciones que lo perjudican: “El llamado que nosotros hacemos a los funcionarios públicos que son de planta, llevan un tiempo largo trabajando que no tengan miedo. Acá tenemos 2 tipos de trabajadores, los trabajadores que han dedicado toda su vida al servicio publico y que lo siguen haciendo y que son por Alta Dirección Publica y que por ellos no tienen nada que temer, pero hay otro cumulo de trabajadores que son operadores políticos que tienen que salir del sistema, porque son justamente operadores políticos de la Nueva Mayoría que van a hacer mas difícil la gestión del próximo gobierno, hay que hacer la distinción”.
Mientras tanto su colega legislativo Issa Kort señalo que impedirán el anclaje sin fecha de termino de aquellos funcionarios en esta y otras reparticiones publicas: “No vamos a aceptar que los operadores políticos se apernen en sus cargos y que menos aumenten esa burocracia que es perjudicial al Estado”
Los mencionados parlamentarios pidieron también que renuncien a sus cargos aquellos funcionarios cuestionados y que la Asociación Nacional de Empleados Fiscales defienda a los funcionarios a honorarios y no a los aquellos mencionados.
Los parlamentarios opositores denunciaron ayer lunes un oficio del Ministerio de Hacienda que instruía el traspaso de 8 mil funcionarios a contrata a la planta de la burocracia estatal, lamentando el apuro por estos ascensos sin revisión de antecedentes que avalen este ascenso.
Mientras, desde la vocería del Poder Ejecutivo a través del subsecretario Omar Jara señalaron también ayer lunes que esta denuncias era solo un levantamiento de una“polémica en verano” que el sistema de designaciones por Alta Dirección Publica era “riguroso” y que el concepto de “apernamiento” era de mala utilización.
Sobre la designación de los altos cargos del próximo Poder Ejecutivo, ya se anuncio el nombramiento de subsecretarios e intendentes para la ultima semana de febrero