Los diputados de la Democracia Cristiana adelantaron hoy el rechazo al proyecto Pago Oportuno a las Pymes que será votado en la sala de la Cámara de Diputados la próxima semana. La bancada expresó que “de no concretarse por parte del Gobierno indicaciones que devuelvan el espíritu original de la iniciativa, y que considera las demandas reales de las pymes, no estaremos disponibles para respaldar un proyecto que, en el fondo, se ha transformado en publicidad engañosa”.
Así lo manifestó el diputado DC Gabriel Silber, integrante de la comisión de Economía, quien señaló que “estamos anunciando el rechazo al proyecto tal como ha quedado con todos los cambios que el Gobierno hizo y las indicaciones que prometió y que nunca ingresó. Esto, en respaldo a las pymes. Sentimos que se requiere genuina audacia y compromiso del Gobierno para apoyar a un sector que demanda y necesita apoyo del estado para competir, considerando que las pymes generan cerca del 67% de las fuentes de trabajo. Hay, además, una asimetría importante en lo que ocurre hoy con las grandes medianas y pequeñas empresas y no se incorpora el tema del IVA que a nuestro juicio era el nervio y el corazón del proyecto. Mientras no se ingresen cambios sustanciales, este proyecto tiene nuestro rechazo”.
Silber precisó que “tal como lo han señalado las pymes, es clave asegurar el pago efectivo a 30 días e incluir que el mandante o cliente que haya emitido una factura y no paga en el plazo de 30 días, no pueda usar el IVA como crédito fiscal”.
La diputada DC Joanna Pérez, en tanto, agregó que “tal como está el proyecto, es letra muerta; el establecer plazos, a las grandes empresas no necesariamente las obliga, porque las condiciones para entrega de factura validación de servicios o productos las sigue poniendo la empresa, con lo cual siguen manejando los plazos y condiciones distintas; además, de no incorporarse el IVA en forma correcta, es pan para hoy y hambre para mañana. Por lo demás, ningún proyecto de este tipo tiene sentido si el propio estado no es es capaz de pagar en los plazos que corresponde. Hoy el estado es el mayor promotor de factoring y endeudamiento en la banca y aniquila a los pequeños por qué se les van las ganancias en créditos, los gobiernos regionales demoran hasta 6 meses en pagar”.
Entre las críticas transversales al proyecto se encuentra el pago de facturas en un plazo de 60 días y no 30, como pedían las pequeñas empresas; y el uso de IVA como crédito fiscal en quienes no han pagado. Al respecto, el Ejecutivo no concretó una de las indicaciones que el ministro de Economía, José Ramón Valente, había anunciado.
El proyecto establece que el plazo pactado para el pago de las facturas no podrá ser superior a 60 días corridos, cuando se trata de una aplicación general; y no mayor a 30 días, contado a partir de la fecha de la entrega de los mismos, cuando el pago esté asociado a la venta de alimentos frescos y perecederos, dejando abierta la posibilidad de aumentar el plazo a través de la celebración de un contrato que cumpla con ciertas características.