El senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Salud del Senado, junto los diputados/as de Revolución Democrática (RD) Maite Orsini, Miguel Crispi, NataliaCastillo y representantes de organizaciones de la sociedad civil como Claudia Dides, directora de ONGMiles; Rebeca Sepúlveda, de Fenpruss, Esteban Maturana de la Confusam, Emilia Schneider, de la Coordinadora 8 de marzo, Rolando Jiménez del Movilh y Katiuska Rojas del Colegio de Matronas rechazaron la “objeción de conciencia masiva” planteada por médicos de Osorno y Panguipulli y anunciaron una serie de medidas para garantizar el derecho de las mujeres y la aplicabilidad de Ley de Interrupción del Embarazo en Tres Causales.
El senador Girardi señaló que presentará una indicación a la ley que “obligue al Ministerio de Salud a contratar en todo hospital del Servicio Público al menos un equipo médico que no tenga objeción de conciencia y estén dispuestos a realizar esta tarea porque no puede quedar al arbitrio de la autoridad de turno”.
Para Girardi “la objeción de conciencia debe ser excepcional y en casos muy acotados o si no se vulneran derechos fundamentales que se aprobaron en el Congreso. Estos profesionales pretenden imponer su propia visión a los pacientes, es como si un doctor testigo de Jehová se niegue a hacerle transfusión a un paciente con hemorragia porque va contra su religión. Los médicos debemos atender más allá del credo de cada uno”.
Girardi afirmó que “iremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a denunciar los cambios al protocolo de objeción de conciencia y estamos seguro que el derecho internacional, que ya ha sancionado a Chile por condenar a la cárcel a mujeres que interrumpen su embarazo, apoyará esta importante iniciativa”.
Claudia Dides de la ONG Miles señaló que “la masiva declaración de médicos como objetores de conciencia significaría que en las unidades de alto riesgo obstétrico de algunos hospitales del país no se podrá hacer la intervención en tres causales lo que aumentaría la los abortos clandestinos”.
Para Dides hay que “mirar la posibilidad de que en la atención primaria se pueda atender los casos de violación, dado que hay hospitales y clínicas donde no se va a atender” y agregó que “estudiamos presentar recursos en tribunales internacionales porque un 38% de objetores de conciencia no va a ayudar a que el Estado proteja a las mujeres y garantice sus derechos humanos”.
CUMPLIR CON SU CONTRATO
Esteban Maturana, presidente de la Confederación Nacional de la Salud Municipal (Confusam) afirmó que “en el contrato de un funcionario público se establece que debe cumplir con todas las normas y procedimientos que están en los programas de cada una de las reparticiones públicas. Aquí hay una ley de la republica que estableció una normativa que configura derechos de las mujeres y el sistema público tiene la primera obligación de garantizarlo. Al que no cumple una función pública para la cual fue contratado se le debe aplicar un sumario y tomar las acciones que corresponda”.
Para Rebeca Sepúlveda de Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) es “tener que trasladar a estos pacientes a otros centros aumenta el gasto público y las somete a una nueva violencia. Si el 100% de los médicos de un hospital se acoge a la objeción de conciencia deben contratar a otros profesionales que no lo hagan y cumplan con la ley”.
EMPLAZAN A PRESIDENTE PIÑERA
La diputada RD, Maite Orsini, señaló que “no puede ser que por la decisión de un grupo de médicos, algunas mujeres deban viajar más de 100 km para ejercer su derecho. Es gravísimo y vergonzoso se está engañando a la democracia y poniendo en riesgo la vida y la dignidad de miles de mujeres”.
Orsini emplazó al Presidente Sebastián Piñera diciendo “a las clínicas no las violan, a los médicos no los obligan a parir un feto muerto, usted debe decidir si está con las mujeres de Chile o con los intereses de las clínicas y los médicos”.
En la misma línea el diputado RD, Miguel Crispi dijo que “Cuando el ministro (de Salud) Emilio Santelices modificó el protocolo señaló que el Presidente (Piñera) no estaba al tanto y él ha guardado silencio todos estos días. Hoy es evidente que la excepción pretenden convertirla en norma y es tiempo que (el Mandatario) se pronuncie al respecto: está o no de acuerdo con la modificación que el ministro hizo a sus espaldas”.
ESTADO PATRIARCAL
Katiuska Rojas, vicepresidenta del Colegio de Matronas Regional Santiago, afirmó que “hasta ahora no tenemos ninguna matrona objetora , cada una tienen su propio pensamiento pero a la hora de cumplir la normativa y ejercer una ley no hacen su valoración personal, trabajan en función de los derechos de la mujer. Esto tiene que ver con un Estado patriarcal, violento y agresivo en donde el machismo aún impera y eso también se ve en las profesiones de salud. Llamamos al cuerpo médico a ser más solidarios y a trabajar por la equidad en la salud de las mujeres”.
Finalmente la Emilia Schneider, dirigente transgénero de la Coordinadora 8 de marzo, argumentó que “el debate no debe darse en términos morales y valóricos sino que de una reivindicación de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Creemos que es necesario avanzar hacia una discusión en la que quede fuera la objeción de conciencia en la ejecución de la Ley de Interrupción del Embarazo en Tres Causales, una ley limitada que se hace cargo sólo del 3% de los abortos que ocurren en Chile. Llamamos a abrir el debate de la despenalización total del aborto y que sea un derecho para todas”.