El presidente de Bolivia, Evo Morales, llegó el lunes a La Haya para el comienzo de las audiencias en la Corte Internacional de Justicia, donde su país busca obligar a que Chile le garantice acceso al Océano Pacífico.
En una demanda presentada en 2013, Bolivia pidió al tribunal que obligue a Chile a negociar una solución al diferendo.
Bolivia, que perdió su antiguo territorio costero durante una guerra en el siglo XIX, argumenta que Chile no cumplió sus promesas diplomáticas y sus obligaciones bajo la ley internacional para negociar un “acceso soberano”, presumiblemente un corredor terrestre y un puerto bajo su control.
No obstante, en los argumentos iniciales, los abogados bolivianos dijeron que el país no está pidiendo “a la corte que decida cómo debería organizarse el acceso soberano (…) sino simplemente (que asegure) que Chile vuelva a la mesa negociadora con buena fe”.
“Durante 150 años, Bolivia ha sufrido la injusticia histórica de no tener acceso al mar”, dijo el agente boliviano Eduardo Rodríguez Veltzé, agregando que Chile realizó muchas promesas “para reconectar a Bolivia con el mar”.
En la actualidad, Bolivia tiene acceso al Océano Pacífico a través de los puertos chilenos, pero debe pagar tasas. Chile afirma que el asunto quedó resuelto en el tratado de paz de 1904, rubricado tras la Guerra del Pacífico, que fijó los actuales límites fronterizos.
En 2015, la corte señaló que tiene jurisdicción sobre el caso, a pesar de la oposición chilena. El asunto ha sido motivo de fricción entre los vecinos andinos durante décadas y Chile responderá el jueves a los argumentos bolivianos.
Bolivia, que sigue teniendo Marina, quiere un corredor al mar para impulsar sus exportaciones de gas natural y minerales. Chile asegura que Bolivia ya tiene acceso en unos términos favorables.
Los argumentos orales se prolongarán hasta el 28 de marzo. Los jueces deliberarán entonces durante varios meses, antes de fijar una fecha para su dictamen.
La Corte Internacional de Justicia es el principal tribunal de Naciones Unidas para disputas entre naciones. Sus sentencias son vinculantes y no pueden ser apeladas, aunque algunos países las han desobedecido en ocasiones.
Reuters