Economía

Bono “clase media”: un 40% de los investigados sí tenía derecho al bono

Varias dudas respecto de los resultados del proceso de verificación que inició el Servicio de Impuestos Internos (SII) por la entrega del bono de clase media, plantearon los dirigentes de las asociaciones de empleados públicos ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.

Uno de los juicios más severos fue realizado por el presidente de la Asociación de Fiscalizadores del SII, Juan Apablaza quien no sólo criticó el proceso, sino que expresó su inquietud por el resultado de los 437 mil “fiscalizaciones” que están efectuando a personas que habrían obtenido esta ayuda estatal de $500.000 sin supuestamente haber cumplido los requisitos.

Al día de hoy, en base a una encuesta a nivel nacional, prácticamente en todas las oficinas regionales, se han acercado unas 8.200 personas a reclamar (por las cartas que le han llegado solicitando la devolución del bono) y a una cifra un poco mayor al 40% sí les correspondía el bono clase media. Sería preocupante si se extrapola esa cifra al total porque ya se le dijo a la población que eran delincuentes, que habían falseado los datos. A nosotros nos duele porque la rabia se descarga contra los funcionarios”, afirmó el dirigente.

Asimismo explicó que el SII efectuó un cruce de información con antecedentes administrativos confiando plenamente en este modelo, “pero la verdad es que ha habido personas a quienes se les pide devolución de dinero y nunca les llegó el bono”. También comentó que se ha considerado a los honorarios como funcionarios públicos cuando no tienen esa categoría. Incluso manifestó que bastante gente se ha acercado al SII admitiendo un error porque no sabían que sueldo colocar si el “tributable, bruto o neto. Es más, incluso hemos visto gente a la cual les correspondía el bono, decidieron devolverlo por temor a persecución penal”.

Apablaza además solicitó del director Fernando Barraza también presente en la sesión, instrucciones claras respecto de cómo llevar a cabo este proceso de revisión de casos, y junto al presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del SII, comentaron que la fecha límite del 30 de noviembre para que las personas respondan el requerimiento del servicio, no es suficiente.

Los diputados de la Comisión tras una larga sesión en que criticaron a las autoridades porque se culpabilizó inmediatamente a las personas, solicitaron un desglose sobre las cifras al SII, ydeterminaron citar a la Contraloría para saber qué acciones tomará en el caso de los funcionarios públicos.

“Posiblemente el límite del 30 de noviembre puede ser muy poco para las personas citadas, la posibilidad de cometer un error es sumamente grave porque puede acarrear consecuencia judicial. Tenemos que buscar un punto de solución para dar certeza en la revisión caso a caso, porque no se puede dar una sanción desproporcionada” indicó la presidenta de la Comisión, diputada Gael Yeomans (CS).